Editorial

La Convención en su etapa decisiva

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a Convención Constitucional inicia hoy un nuevo ciclo con la votación en general de las primeras normas salidas de las diversas comisiones temáticas, comenzando por las de Sistema de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional. Ayer fue ratificada la decisión de mantener la exigencia de una mayoría de 2/3 de los votos para la aprobación en general y en particular, como establece el reglamento original de la Convención, lo que significa un mínimo de 103 respaldos.

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Aunque preocupantemente tardío, esto último resulta tranquilizador, pues algunos convencionales aún insistían en la peligrosa idea de aprobar las normas por la mayoría simple, lo que hubiera supuesto niveles insuficientes de consenso (o su total ausencia) en torno a las reglas de nuestra carta fundamental. Esa, lejos de ser “la casa de todos”, habría sido una edificación poco inclusiva y endeble, fuente permanente de incertidumbre de cara al futuro.

Con todo, la Convención inicia esta etapa crucial de su trabajo en medio de un clima de opinión marcado negativamente por varias de las controvertidas normas discutidas o aprobadas en las semanas previas por las distintas comisiones. Entre ellas, algunas claramente perjudiciales en el ámbito tan clave como la seguridad jurídica, el equilibrio de poderes, la independencia de tribunales, la libertad de emprendimiento o el derecho de propiedad, entre otros. Tal como recalca una columna en esta página, un reciente sondeo registra una baja tanto de la confianza ciudadana en la Convención como de la disposición a votar Apruebo en el plebiscito de salida.

Las votaciones del pleno ofrecen una oportunidad -la última- de introducir contribuciones de moderación, diálogo y consenso que, en muchas ocasiones, se han echado en menos hasta ahora. Dicho esto, la actitud que adopte el nuevo gobierno ante la Convención un factor determinante, ojalá para contener los excesos de algunos sectores será y propiciar un ambiente favorable a lograr acuerdos, sin transgredir la indispensable autonomía de la Convención ni influir en sus decisiones.

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